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Poder Judicial dicta detención domiciliaria en contra de Nadine Heredia por el caso Gasoducto

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó el mandato de comparecencia con restriccio...

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó el mandato de comparecencia con restricciones contra la exprimera dama Nadine Heredia y, en su lugar, le impuso detención domiciliaria por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Heredia Alarcón es investigada por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado, debido a su presunta injerencia en la licitación del proyecto en favor de la empresa brasileña Odebrecht.

De este modo, la Sala desestimó el pedido de la fiscal Geovana Mori, integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato, quien solicitó prisión preventiva en contra de la investigada.

El Poder Judicial dictó este viernes arresto domiciliario en contra de la ex primera dama Nadine Heredia como parte de las investigaciones por presuntos delitos cometidos en la licitación del Gasoducto Sur Peruano a favor de Odebrecht.

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada referida revocó en parte la comparecencia con restricciones impuesta por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena el pasado 7 de agosto, cuando declaró infundado el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra Heredia Alarcón y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.






El pasado 2 de setiembre en la audiencia ante la Sala Penal Anticorrupción, la esposa del expresidente Ollanta Humala aseguró que no había participado en ninguna reunión técnica sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano y detalló que solo asistió a reuniones informativas debido al carácter social de dicha licitación, que significaba “trabajo para más peruanos”.

“El proyecto del Gasoducto era un proyecto social, era un proyecto que iba a significar trabajo para más peruanos, sobre todo de la macrorregión sur. Era un proyecto que significaba gas para todos esos sectores que tenían gas, pero no podían utilizarlo. Era un proyecto social para esos sectores de la población y tenía que estar medianamente informada de cómo iba”, señaló.

El Ministerio Público le imputa dos delitos: colusión agravada, por supuestamente haber pactado con funcionarios de Odebrecht la concesión del Gasoducto o la figura de ‘funcionaria de facto’, y asociación ilícita para delinquir por presuntamente haber conformado una organización criminal al interior del gobierno de su esposo.

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